La fecha tiene como propósito procurar el acceso a la información como vehículo para garantizar otros derechos y poner en evidencia las deficiencias que existen en torno a este tema en el mundo y en nuestro país en particular.
El 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Acceso Universal a la Información. La fecha, fue impulsada por grupos de la sociedad civil africana con el propósito de destacar la importancia del acceso a la información como un derecho fundamental trascendental para la transparencia informativa, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
La declaración de este día fue proclamada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en París el 17 de noviembre de 2015 y fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2019.
No se puede desconocer que el derecho a la información posibilita el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones. Así, una de las funciones que cumple el acceso a la información es el de proporcionar, conocer y ejercer derechos como el acceso a la Salud, Vivienda, Trabajo, derechos reproductivos y sexuales y también empodera a las personas concediendo la facultad de tomar decisiones informadas y cooperar de manera activa en la vida pública.
Este acceso, no sólo implica que los ciudadanos tengan conocimientos más amplios en virtud de diferentes puntos de vista sobre un acontecimiento en particular sino que además exige la transparencia en las gestiones de los gobiernos y en consecuencia evitar actos de corrupción o crímenes por mencionar algunos ejemplos.
Por otro lado, el derecho universal al acceso a la información pública permite a las personas que puedan buscar cualquier tipo de información de interés que se encuentre en poder de entidades, empresas y organismos públicos, siempre y cuando dicha indagación no sea clasificada o de acceso restringido de acuerdo a las normativas de cada país.
En este marco cobra relevancia el decreto que dictó el gobierno nacional, el cual establece una serie de restricciones al acceso a la información pública y resulta importante señalar por qué es un grave retroceso esta limitación a un derecho primordial. Restringir el acceso a la información pública implica atacar derechos fundamentales como la libertad de expresión, de pensamiento, de prensa y no permitirles a los ciudadanos su derecho a participar en la vida pública. Además, le quita a los ciudadanos su derecho de buscar, acceder, solicitar y recibir información que se encuentre en poder del Estado o que haya sido creada con fondos públicos.
El Acceso a la información pública es un derecho universal vital para fortalecer las instituciones públicas, permitiendo que las personas puedan ejercer otros derechos y así conocer las transformaciones que impulsa el Estado.
En definitiva, una sociedad informada es una sociedad más democrática y con conocimiento de las herramientas del Estado, ya que el derecho universal al acceso a la información permite que los ciudadanos puedan solicitar y obtener información de administraciones públicas y en consecuencia, genera más transparencia, mejora la calidad de las instituciones, y empodera a los ciudadanos.
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